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Para explicar el binomio Estado-Corrupción que se vive en México, con antecedentes en las guerras civiles de 1810 y 1910 [en las que se realizaron cambios para el esquema de gobierno, no con ello la erradicación del vicio antes mencionado], es importante plantear un problema socio-filosófico acerca de la política y el poder, ya que por medio de ambos términos se mantienen, de manera maniquea, el imaginario de una sociedad democrática regida, teóricamente, a través de tres principales instituciones de una entidad llamada Estado, que mantienen organizada [disciplinada, en el sentido foucaultinao] a la Nación... como se dice popularmente, que tienen el poder.

Como primer acercamiento a la relación del Estado y sociedad encontramos a Hegel [que sigue a Kant] para describir una manera decimonónica del uso del término Estado: “El Estado es la sustancia ética autoconsciente; es la unión de los principios de la familia y de la sociedad civil”. De manera resumida podemos observar a través de esta afirmación que para este autor el Estado tiene bien delimitado su campo de trabajo al mantenimiento de las instituciones sociales que le dan cohesión [la familia por ejemplo, o las instituciones que se han creado como el Poder Legislativo]; es decir, ni las modifica, ni las critica, ni las interpreta, sólo las sostiene a través de los propios parámetros que las engendraron, sus procesos no son exógenos.

De principio éste es un problema pragmático [aunque los políticos mexicanos se desgasten en traer a la sopa el panfleto de las acciones]: la sociedad civil, curiosamente está compuesta por personas. Uno de los principios básicos de la humanidad es el devenir, por tanto no se puede esperar mantener a la sociedad en un [E]estado fijo y predeterminado sin pedirle opinión al tan recurrido pueblo. Tal vez por ello [o por engaños demagógicos] en este país se decidieron por implementar como sistema de gobierno una democracia [véase la elección es tuya, slogan del Consejo Estatal Electoral].

Más tarde Foucault [siguiendo a Nietzsche] construye su análisis, en el que agrega, además del ideal de Estado y sociedad [modelo tal vez más distópico que utópico aunque, según expresidentes mexicanos, no se ha demostrado... a pesar de que este país vive en crisis desde hace más de cuarenta años: casi los mismos que tiene el actual sistema de gobierno partidista], el factor del poder. Para este teórico el poder no puede ser localizado en una institución, en este caso el Estado, porque está determinado por el juego de saberes que respaldan la dominación de unos individuos sobre otros al interior de estas estructuras. En este caso el conocimiento no guarda dentro de sí una verdad sino que produce efectos de verdad y produce saber [objetivado], la verdad y el saber están condicionados por el umbral de poder y las relaciones asimétricas que se dan en un entorno social, con sujetos subjetivos sociales que tienden al devenir: cada sociedad construye [o se deja construir] su régimen de verdad. Entonces la cuestión no es si es verdad o no lo que tenemos por conocido sino el grado de legitimidad que le otorga una fuente de poder [coacción, autoridad, dinero, entre otros].

Como última consideración quisiera precisar el objetivo del epígrafe en este texto: una visión del mundo objetivada no significa que se vuelva real sino que ha sido legitimada por un grupo social [por ejemplo un partido político, o un sistema de partidos políticos] que ostenta una fuente de poder a diferencia de quien sólo recibe los efectos [los efectos de verdad, por ejemplo, recibidos por el pueblo].

Un ejemplo de grupo social que ostenta una fuente de poder y legitima lo que es verdadero y lo que no son los conocidos Poderes del Estado. Es en este punto se podría hablar más allá de la necesidad de un Estado para administrar a la sociedad y sus instituciones, como apuntaba Hegel, para pasar al análisis de lo que tal vez [nadie ha demostrado lo contrario] sea una sociedad [democrática] del espectáculo, de armar un simulacro para espectar [aunque se trace un tache en la boleta de votación]. Es en este momento que cabe preguntarse cuál es el problema político esencial sobre el que recae la propia omnipotencia del Estado y sus poderes poco descentralizados.

En el caso de Pemex, Oceanografía y Grupo Zeta está clara una cadena de corrupción, impulsada desde el gobierno federal, publicada durante la gestión de Fox y originada desde las campañas políticas del año 2000, con el escándalo mediático de Pemexgate. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados [número 2403-2, jueves 13 de diciembre de 2007], por ejemplo se publicó lo siguiente:

“Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una investigación a Pemex Exploración y Producción para esclarecer las acciones derivadas de los contratos celebrados en el presente sexenio con la compañía naviera Oceanografía, SA de CV, a cargo del diputado Higinio Chávez García, del Grupo Parlamentario del PRD”.

Como resumen de todo el proceso, en la revisión de la Auditoría Superior de la Federación [máximo órgano de fiscalización del país] señaló que funcionarios de la Pemex Exploración y Producción [PEP] incurrieron en presuntas violaciones a la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP), a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), a la Ley de Presupuesto, así como a tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, para favorecer a la empresa naviera cuyos accionistas son Amado Yáñez Correa, sus hijos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, y Samuel Yáñez Chaparro.

Todo lo anterior durante el gobierno de Fox, aún en el actual gobierno, Oceanografía sigue operando en el país. Parece incluso una cuestión de árbol genealógico donde no se conoce el lazo [ya que no es sanguíneo] que une los nodos: Karim Elías Bobadilla [contralor de PEP], abriría tres indagatorias relacionadas con dichas violaciones a las leyes de Obra Pública y de Presupuesto y a convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano; pues funcionarios de esta paraestatal [PEP] habrían favorecido indebidamente a Oceanografía, naviera de la que fueron gestores los hermanos Bribiesca Sahagún y cuyos directivos mantuvieron una estrecha relación con Juan Camilo Mouriño Terrazo, exjefe de Elías Bobadilla en el GES [Grupo Energético del Sureste, familia Mouriño].

De esta manera podemos ver el estado en que se encuentra la situación, o mejor dicho la situación en que se encuentra el Estado: secuestrado por funcionarios que ostentan fuentes de poder a través de las cuales podrían, pueden y de hecho lo hacen, legitimar el discurso de cualquier empresa que haya cometido delitos según la propia ley que tanto se esmeran en defender cuando dicen que ésta no está hecha para ser interpretada sino para ser cumplida.

Está claro además que la forma en que el Estado ejerce el poder no es por medio de la voluntad de los ciudadanos , porque si fuera así no se justificaría el hecho de que se ostenten fuentes de poder violentas en lo económico [con los altos y numerosos impuestos que no pagan ni los países de primer mundo], en el derecho a la información [censura], incluso en lo anímico [tácticas de terror: soldados en las calles armados, policías por todos lados, noticias de inseguridad en todos los medios, supuestos dimes y diretes sobre el tema contra Estados Unidos, intervencionismo de éste con el Plan Mérida y ahora con la frontera norte].

Más allá de esto, la creación de un efecto de verdad se vuelve una espiral viciosa con las campañas políticas, supuestamente reguladas, pero por una ley promulgada por los mismos militantes de un partido político específico, los legisladores de partido, parientes de color del presidente y éste de sus amigos los empresarios [los ejemplos de Mouriño y los hermanos Bribiesca Sahagún].

Es por ello que en el caso de Oceanografía, donde debería estar involucrado el Presidente [para efectos de proponer medidas al respecto ya que se trata de la utilización de recursos naturales del país], los legisladores [para gestionar el seguimiento de la demanda contra la empresa en cuestión porque de ellos surgió la petición a la ASF] y la Suprema Corte de Justicia, que debería encargarse finalmente de llevar el apunte sobre las violaciones a las leyes para dar una sanción correspondiente y evitar que las anomalías afecten más los intereses nacionales [y no de Estado], incluso para resarcir el daño.

En cambio tenemos un gobierno de cuates, como bien lo señala Denise Dresser, que no sólo se cubre la vista ante los evidentes problemas que tiene como institución que detenta un poder, sino que intenta legitimar sus fallidos intentos propagandísticos como una verdad nacional, con un discurso demagógico, incongruente y falaz, una suerte de espectáculo al que todos estamos invitados pero de lejos, porque los Poderes de la Nación obedecen al mantenimiento de las instituciones, no de las personas.

El problema político esencial no es la crítica a los contenidos ideológicos de los partidos políticos ni de los Poderes de la Nación, o hacer que su práctica este acompañada de una ideología justa como si se tratara de una virtud etérea. Es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad.

El problema no es cambiar la conciencia de la gente o convencerlos de aquello que es verdadero, sino un cambio en el régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad, las verdades, las formas de conocer las realidades, los puntos de partida.

El poder no es esencialmente negativo, ni pervierte necesariamente a quien lo ejerce [ejercer el poder es distinto a ostentarlo o detentarlo], ni produce per sé una sociedad de quien lo detenta frente a quienes lo sufren.

En términos del mismo Foucault, las relaciones de poder son de naturaleza humana, no se puede vivir sin ellas, pero no son lo mismo que las estructuras de poder; éstas a diferencia de las otras [que permiten pensar en los efectos positivos del poder y su fuerza productiva] crean un espectro casi invisible de un espectáculo maniqueo de organización de una sociedad, a la que no se le permite acceder a su propia autorreflexión, a la que se le disciplina en un régimen de mantenimiento de la verdad, mediante la aplicación de la violencia, de una serie de reglas inoperantes e incumplidas por ellos mismos, encubiertos por el Estado de Corrupción. Los tres poderes son las tres fuerzas cuya sinergia mantiene a los ciudadanos en su actual estado: apatía.